Dignidad humana

5.9.07

Políticas familiares

La reciente medida gubernamental consistente en abonar 2.500 euros por cada nuevo hijo es, en si misma, desde luego, una acción política tendente a fomentar la natalidad. De eso no hay duda. El índice de nacimientos en España es tan bajo y preocupa tanto de cara al futuro que incluso un gobierno públicamente conocido por su desprecio a la familia, a la estabilidad familiar y al matrimonio como fuente de la familia, ha tenido que patrocinar medidas para evitar que en poco tiempo vivamos en un país sin recambio generacional.

El problema, el gran problema de adoptar medidas como la reseñada estriba en que afronta la cuestión desde una perspectiva cuantitativa, parcial, por tanto. Cómo si el tema de los nacimientos de seres humanos pudiera solucionarse desde parámetros de productividad. Cómo si resultara que traer niños o niñas al mundo fuera un proceso de producción en serie, en cadena, que debe subvencionarse. Además, no podemos olvidar que la concesión a todas las familias con residencia legal en España de 2.500 euros por hijo nacido o adoptado desde el pasado 3 de julio, se sitúa en el marco de una política promotora de inestabilidad familiar y de desnaturalización de la institución matrimonial. Algo incoherente que encaja perfectamente con la incongruencia con que se desenvuelve un gobierno que piensa que la política es simplemente adoptar, o no, medidas puntuales pensadas para ganarse bolsas de votos en función de los destinatarios de las medidas acordadas. Ciertamente, también podría contemplarse esta política concreta de la que tratamos en el artículo de hoy como el inicio de una rectificación integral en la materia. Algo que, a día de hoy, es difícil de sostener pues no ha variado un ápice la posición del gobierno en relación a la familia y al matrimonio.

En efecto, fomentar el divorcio promoviendo que las mujeres, de nuevo, sean quienes “paguen el pato” por ser, todavía, el eslabón más débil de la institución matrimonial, es, sencillamente, castigar a la familia y condenar a la mujer a una posición todavía más precaria. Que se lo pregunten, sino, a las mujeres que han sido objeto de esta peculiar modalidad de divorcio sin causa diseñada para fomentar ese individualismo, y consumismo, insolidario, tan del gusto de quienes hoy gobiernan España. Equiparar jurídicamente el matrimonio a las uniones entre personas del mismo sexo es desconocer la identidad de una institución que se ha configurado a lo largo de los siglos con unas características propias de todos conocidas. Hasta los candidatos Hillary Clintlon y Barack Obama, del partido demócrata norteamericano, desaconsejan dicha equiparación. Es decir, la política del gobierno en la materia se ha distinguido por generar inestabilidad y por desnaturalizar el matrimonio. Y, ahora, en el colmo de la incongruencia, se intenta arreglar el problema de la natalidad sin fortalecer el ambiente en el que, desde siempre, vienen al mundo los niños y las niñas.

Una política integral y solidaria de apoyo a la familia pasa por reconocer el interés general de la estabilidad familiar y proteger realmente a la institución matrimonial. Si es verdad que el gobierno ha de atender objetivamente al interés general, tal y como señala el artículo 103 de la Constitución, el ejecutivo debería articular una política de apoyo integral a la familia en la que ciertamente un elemento más sería la subvención a los nacimientos. Pero no como un eslabón aislado, sino como un aspecto más enmarcado, insisto, en una política integral, solidaria y sistemática de apoyo a la familia.

En el Reino Unido, el probable próximo primer ministro David Camerón, lo tiene claro y parece convencido de que estamos en el momento de hacer del matrimonio una prioridad. Prioridad que lo es para una parte muy relevante, mayoritaria de nuestra sociedad, que observa perpleja este nuevo invento de la dictadura de las minorías por imponer su voluntad. Invento que probablemente será una de las pocas cosas por las que, en el futuro, se reconocerá estos años de gobierno del radicalismo insolidario vigente. El apoyo a la familia, que por cierto está previsto en el artículo 39 de la Constitución, es lo que espera una parte muy relevante de la sociedad y es una lógica consecuencia de la centralidad de la familia como célula básica de la vida social a partir de la cuál se puede promover el ejercicio de esas cualidades humanas tan necesarias a día de hoy para que la dignidad de la persona sea verdaderamente el centro del orden político, social y económico de este tiempo.

Jaime Rodríguez-Arana

Catedrático de derecho administrativo.