Dignidad humana

7.9.05

El Bluff de las bodas gay

La Razón

E1 Gobierno impuso ya hace dos meses a la inmensa mayoría de la ciudadanía los matrimonios homosexuales entre otros motivos porque existía una demanda y una exigencia sociales que habían sido desoídas durante demasiados años. Se argumentó entonces que el colectivo de gays y lesbianas de este país habían pasado un auténtico infierno por no poder regularizar su relación con una boda y que razones de justicia obligaban a atender ese clamor entre un colectivo olvidado. El tópico asegura que el tiempo da y quita razones, y las semanas que han transcurrido con la ley ya vigente han servido para cuestionar, casi desmentir, la versión oficial del Gobierno socialista. Porque, lejos de colapsarse los juzgados y los ayuntamientos para beneficiarse de la nueva legislación, el número de los matrimonios consumados entre los homosexuales y el de los expedientes en curso resulta casi ridículo y demuestra el descriptible entusiasmo en tomo a una Ley que supuestamente se justificó en su día por motivos de reclamo social. Según los datos que hoy aporta LA RAZÓN en exclusiva, tras contactar con los 430 registros civiles que hay en toda España, sólo 22 parejas se han casado en los dos primeros meses de entrada en vigor de la polémica norma, lo que supone únicamente dos de cada cien parejas homosexuales de las 10.474 que el Instituto Nacional de Estadística tiene censadas. Si la cifra se compara con la media de 35.000 parejas de heterosexuales que contrajeron matrimonio en ese mismo plazo, el contraste es suficientemente sintomático. Pero, además, los registros civiles sólo tramitan expedientes de otras 291 parejas gays que esperan su turno.

Por tanto, ni existía clamor entre el colectivo de homosexuales ni el Gobierno actuó empujado por razones exclusivamente de justicia social, sino que impuso desde la prepotencia una norma demagógica y oportunista, guiada sólo por un interés partidista, que atacaba a una institución como el matrimonio y que violentaba al núcleo mismo de nuestra sociedad como es la familia, además de agredir a la moral colectiva de una mayoría de los españoles.

Hoy debemos recordar que para atender tan nimia demanda, el PSOE pasó por encima no sólo de una mayoritaria contestación social, que incluía a relevantes socialistas, sino de numerosos informes en contra de la Ley, como los del Consejo de Estado y del Consejo General del Poder Judicial, que alertaban sobre la posible inconstitucionalidad de una norma que conculcaba la definición de matrimonio que recoge nuestra Carta Magna, y que ya ha sido motivo de recurso al TC por dos jueces que han suspendido distintos matrimonios.

Las parejas homosexuales deben alcanzar todos los derechos que acarrea una unión de carácter conyugal, pero sin que se convierta en una agresión al concepto de familia. El problema es que el Gobierno abordó con ligereza y demagogia un asunto que requería seriedad para que ningún derecho se viera mermado. Creó una seria polémica y abrió una profunda herida social de forma innecesaria cuando, como se ha visto, el matrimonio era un asunto secundario para los homosexuales.