Dignidad humana

22.7.04

Matrimonio verdadero

La Conferencia Episcopal española, en su documento «A favor del verdadero matrimonio», exhorta a los diputados católicos a votar en contra del proyecto de ley que considerará como matrimonios las uniones contraídas por personas del mismo sexo. Nadie puede negar, sin vulnerar la libertad de expresión, el derecho que asiste a los obispos a pronunciarse sobre cuestiones morales y jurídicas, incluso, por supuesto, a dirigirse no sólo a los católicos sino a todos los hombres y a la autoridad política legítima. Por lo que se refiere al contenido de su exhortación, le asiste además la razón.

El documento reconoce la dignidad inviolable de los homosexuales y la condena de cualquier forma de menosprecio, maltrato o discriminación. Condena, sin matices, todas las violaciones de sus derechos y los comportamientos que lesionen su dignidad. Además, en cuanto cristianos, los homosexuales «están llamados a participar en la vida y en la misión de la Iglesia». Pero no existe un derecho a contraer matrimonio sino entre personas de distinto sexo. El matrimonio sólo puede contraerse entre un varón y una mujer. Y no es éste un principio dogmático propio de la Iglesia católica y válido sólo para católicos, sino un principio fundamental de todo Derecho, ya que se asienta en la naturaleza humana y en la de la institución matrimonial. Admitir un inexistente matrimonio entre personas del mismo sexo entrañaría un grave daño al bien común, a la justicia y a la institución familiar. No se trata de argumentos de fe que sólo obliguen a los creyentes, sino de poderosas razones antropológicas, sociales y jurídicas que avalan la complementariedad natural entre los sexos, el interés de los hijos y el buen uso de las palabras de «padre» y «madre». La imposibilidad de que las parejas del mismo sexo procreen es pura cuestión de hecho. Si se aprueba la legislación anunciada, quedarán seriamente afectadas la institución del matrimonio y la familia. Por lo demás, los derechos e intereses de las parejas homosexuales de hecho pueden quedar garantizados mediante el reconocimiento de efectos civiles que no impliquen la equiparación injusta con el matrimonio. El documento recuerda el deber de los parlamentarios católicos de expresar su desacuerdo con el proyecto de ley y de votar en contra. Acaso cabría añadir también el de todos los parlamentarios de buena voluntad que no quieran cometer la injusticia de equiparar mediante la ley lo que no es equiparable desde el punto de vista de la realidad, de la naturaleza y de la justicia.

Editorial de ABC.